La cárcel inaugurada sigue en obra y con un acceso muy restringido 

La nueva penitenciaría de Corrientes -emplazada a mitad de camino entre Laguna Brava y San Caye­tano, fuera de la ciudad- es la obra más importante del (y para) el Gobierno pro­vincial, y, salvo la fachada y algunas fotos oficiales, sus instalaciones son manteni­das en reserva. Tanto es así que luego de ser inaugura­da con un corte de cintas por el gobernador Gustavo Valdés hace 10 días, perma­nece cerrada a las visitas institucionales ajenas. Los que lo comprobaron fueron tres legisladores, un minis­tro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y un prestigio­so abogado penalista, todos integrantes del Comité Pro­vincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (organismo creado por Ley provincial Nº 6280), a quienes otro ci­vil -el ingeniero a cargo de la obra-, por falta de perso­nal penitenciario les negó la entrada alegando que debían ser autorizados por el propio mandatario, tal como lo hicieron saber ayer mediante un comunicado firmado por el presidente del organismo estatal, el abogado Ramón Celestino Leguizamón, quien integra­ba la comitiva interceptada en la entrada principal de la cárcel anteayer. Hubo dos miembros ausentes: el secretario de Derechos Hu­manos, Manuel Cuevas, y el senador provincial por la Unión Cívica Radical Noel Eugenio Breard, quien ese día encabezó una “boletea­da” en las plazas La Cruz y Torrent de la ciudad de Co­rrientes, en la búsqueda de su reelección en el escaño. 

Según lo informado, la comitiva estuvo integrada por el letrado Leguizamón, el juez del STJ Alejandro Chaín, la diputada Alicia Meixner, la senadora Patri­cia Rindel -ambas del Frente para la Victoria, la última también candidata a la reelección- y el diputado Francisco Podestá (perteneciente al partido Proyecto Corrien­tes de Gustavo Canteros, a la vez vicegobernador y candidato a intendente por la oposición). “No nos fue permitido el ingreso para inspeccionar la flamante obra, fuimos atendidos por un ingeniero a cargo de la obra, quien nos manifestó que sólo podíamos ingresar al predio con autorización del ministro de Seguridad o del Gobernador”, dice el comunicado que fue elabo­rado con acuerdo de 8 de los 11 miembros del Comité. 

A los cinco antes mencio­nados se sumó la adhesión de Gladys Hanke (Goya), Ju­lio Fagalde (Curuzú Cuatiá) y Alejandra Mumbach (Paso de los Libres), miembros de organizaciones no guberna­mentales. No participaron Cuevas, Breard ni el abo­gado César Almirón, quien está suspendido luego de una denuncia en su contra que incluyó su detención.

El pasado lunes 9 de agos­to, Valdés junto a sus fun­cionarios y el presidente del STJ, Luis Rey Vázquez, puso en funcionamiento “la cár­cel más segura y moderna de la región”, remarcando: “Necesitábamos definiti­vamente terminar con esa cárcel vetusta”, en referen­cia al edificio de la avenida 3 de Abril 54, frente al puente interprovincial General Ma­nuel Belgrano, zona de im­portante crecimiento inmo­biliario en los últimos años. “Recuperamos un punto clave dentro de la ciudad y somos ejemplo en materia de infraestructura peni­tenciaria”, se congratuló el Gobernador. Según cifras oficiales, el costo de la uni­dad penal ha sido de “1.900 millones de pesos”, con una dimensión de “17.000 me­tros cuadrados de superfi­cie” y capacidad para 720 internos. Estimó que en 30 días -lo que sería la segunda semana de septiembre- iban a comenzar los traslados de los más 600 internos aloja­dos en las actuales instala­ciones de la Unidad Penal Nº 1. 

No obstante, la impresión -a 10 días de aquello- que se llevaron los miembros del Comité que no forman parte del oficialismo fue desluci­da: “Estando allí presentes pudimos observar desde afuera el movimiento de maquinarias y obreros tra­bajando en el predio”. 

El artículo 7 de la ley de creación del Comité, sancio­nada en 2015, le da entre sus atribuciones “realizar visi­tas periódicas sin necesidad de aviso previo (...) con acce­so irrestricto a todos los edi­ficios de cárceles, unidades policiales y otros lugares de encierro de detención”.